César Gastelum Serrano, uno de los capos del cártel de Sinaloa sobornó a Juan Orlando Hernández con dos pagos de $500,000 dólares a cambio de protección de cargamentos de cocaína con destino a EEUU, según Joaquín Pérez abogado defensor del narcotraficante confeso Fredy Nájera Montoya quien espera sentencia el próximo mes de octubre. Estas declaraciones surgen en el documento denominado Memorándum Sumisión presentados por la defensa de Nájera en la Corte del Distrito Sur de New York.
«Gastelum es señalado de traficar cocaína en gran escala a través de la ruta Colombia-Honduras-Guatemala hacia México con destino final en Estados Unidos.
Desde Pro Honduras Network de manera oficial y en exclusiva podemos confirmar que el narcotraficante y ex diputado nacionalista Juan Antonio Hernández, hermano del actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández alias CC-4 ya fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la que tendrá que cumplir su condena de cadena perpetua más treinta años, fijada el pasado mes de marzo en la Corte para el Distrito Sur de New York, una vez que fue encontrado culpable en juicio de cuatro delitos relacionados con el tráfico de más de 185 toneladas de cocaína que fueron transportadas hacia Estados Unidos con la ayuda de helicópteros, submarinos y automóviles escoltados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Honduras, el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para mover las grandes cargas de cocaína, además de brindar falsos testimonios a agentes federales del país norteamericano.
El día de hoy la Fiscalía para el Distrito Sur de New York solicitó a la Corte encabezada por el juez Kevin Castel, la pena máxima de cadena perpetua para Geovanny Fuentes Ramirez, quien ha sido señalado como socio directo de Juan Orlando Hernández en la producción y distribución de cientos de toneladas de cocaína que fueron enviadas hacia Estados Unidos, además de la incautación de más de $151.7 millones de dólares que obtuvo por medio de sus actividades de narcotráfico y una multa de $10 millones de dólares. Dentro del documento denominado “sentencing submission” o sumisión de sentencia, los fiscales establecieron la gravedad de los actos cometidos por Fuentes, con protección de militares, policías e incluso de la Presidencia de Honduras.
Cabe señalar que el pasado 18 de agosto la defensa de Geovanny Fuentes encabezada por el abogado Avraham C. Moskowitz, solicitó la pena mínima obligatoria de cuarenta años, ahora la decisión sobre cuantos años cumplirá Fue Fuentes Ramírez en la cárcel queda en manos del juez Kevin Castel, quien evaluará los argumentos de ambas partes para determinar una condena justa para el acusado.
En los últimos días se ha anunciado la extradición de cuatro hondureños que fueron solicitados por la justicia norteamericana, estos ciudadanos son Martín Adolfo Díaz Contreras, Miguel Carlos Cordón López, Fredy Donaldo Mármol Vallejo y Óscar Fernando Santos Tobar, éste último detenido en el occidente de Honduras. Tres están vinculados al cartel de los Valle Valle y uno a la organización criminal del Atlántico. También se informó la captura en Guatemala de Cruz Humberto Valle, miembro del poderoso cartel de los Valle Valle.
Cabe señalar que a pesar de las extradiciones que se han anunciado en los últimos días, el Departamento de Justicia de EEUU. sigue a la espera de la extradición de los co-conspiradores de Juan Antonio Hernández (encontrado culpable, y condenado a cadena perpetua más treinta años) que fueron solicitados en extradición por la justicia norteamericana, entre ellos Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Yoro, Yoro, Juan Carlos Bonilla alias “El tigre” y Mario José Calix, ex vice alcalde de Gracias, Lempiras. Además, meses atrás la Fiscalía para el Distrito Sur de New York fue clara al señalar la poca, o nula colaboración que ha recibido en Honduras de los encargados de impartir justicia y del gobierno nacionalista, incluso llegando a asegurar que en Honduras se obstruye intencionalmente la extradición de posibles testigos que podrían declarar en contra de CC-4 (Juan Orlando Hernández).
Durante el proceso judicial contra Tony Hernández hermano de Juan Orlando Hernández, la fiscalía de New York desclasificó en el mes mayo y de agosto del 2019 documentos que involucra directamente a varios miembros del gobierno de Hernández en la conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, entre ellos se encuentran el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández encabezando la lista de los co-conspiradores.
El pasado 17 de agosto de 2021 mediante un documento denominado “Sentencing Memorandum” o memorándum de sentencia, la defensa de Geovanny Fuentes Ramírez representada por el abogado Avraham C. Moskowitz, solicitó al juez Kevin Castel la pena mínima de cuarenta años para su cliente, esto tras ser encontrado culpable mediante un juicio llevado a cabo el pasado mes de marzo de 2021 de tres delitos relacionados con el tráfico de drogas y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, esto por medio de un complot en el que según la Fiscalía para el Distrito Sur de New York participó el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien dentro de este caso a sido denominado como CC-4 o co-conspirador 4 (al igual que en el caso de su hermano Juan Antonio Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua más treinta años en ese mismo distrito).
El día de hoy actual representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken, hizo pública la prohibición para que el ex presidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa y sus familiares inmediatos puedan ingresas nuevamente al país norteamericano, esto tras considerarlo uno de los actores corruptos que contribuyó a socavar la democracia en Honduras.
En los últimos años se han judicializado en las Cortes Federales de Estados Unidos a muchos narcotraficante hondureños, dentro de los casos contra estos hondureños el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha vinculado a muchos políticos, funcionarios y ex funcionarios que han ocupado puestos importantes dentro del Estado Hondureño, por participar en actividades de narcotráfico o en su defecto, por brindar colaboración a cambio de sobornos millonarios contribuyendo de esta manera a que Honduras actualmente se haya convertido en un país de tránsito, almacenamiento y producción de cocaína.
Este próximo 12 Julio de 2021 daremos a conocer la lista del Narcotrafico en Honduras, más de 60 “ Personalidades” encabezan dicha lista.
Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotiradorde las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.
El 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.
La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.
“Un grano en el trasero de la doña”
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.
El 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
Un asesinato plasmado en los mensajes
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.
A las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
A las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.
Un estancamiento burocrático
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian revelóque Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
Reportaje The Intercept : Danielle Mackey & Chiara Eisner
El día de hoy publicó la lista Engel, listado que contiene el nombre de diferentes políticos y actuales funcionarios del gobierno de Honduras, El Salvador y Guatemala.
El 3 de junio de 2020, Geovanny Fuentes Ramírez fue acusado de tres cargos de narcotrafico y delitos relacionados con armas. El primer cargo fue por conspirar con otros co-conspiradores en Honduras para importar cocaína a Estados Unidos. El cargo fue por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con el delito de tráfico de drogas. El tercer cargo fue por conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con el delito de tráfico de drogas.
Durante el juicio contra Geovanny Fuentes la fiscalía del distrito sur de Manhattan presentó la evidencia de la conspiración que incluyó a la policía hondureña, funcionarios del gobierno hondureño y traficantes de cocaína que trabajaron cooperativamente utilizando a Honduras como el sitio para empaquetar, procesar y / o enviar cocaína con destino a los Estados Unidos.
El testimonio del contador José Sánchez quien fue testigo de reuniones en las que el Fuentes entregó dinero en efectivo a Juan Orlando Hernández y también recibió dinero en efectivo por Giovanny en Graneros Nacionales. Además, la fiscalía presentó declaraciones hechas por el acusado en una entrevista posterior a la detención en la que renunció a sus derechos Miranda y a las pruebas obtenidas del teléfono celular del acusado que fue incautado en el momento de su detención. El gobierno también presentó pruebas de tres testigos de las fuerzas del orden, un experto en análisis de armas de fuego y municiones, un experto en historia hondureña, fotografías, mensajes de texto y otras pruebas documentales.
Además el acusado más tarde le informó a Rivera Maradiaga que se había asociado con otro narcotraficante llamado Chepe Handal. Rivera testificó que el laboratorio del acusado fue allanado por la policía, pero Giovanny le dijo que no se encontraron drogas porque Handal y Leopoldo Crivelli hijo del alcalde de Choloma, advirtieron al acusado con anticipación sobre la actividad policial.
En 2013, Juan Orlando Hernández se postuló para presidente de Honduras. Sánchez testificó sobre dos reuniones que observó durante este período en Graneros en las que participaron el acusado y Hernández. En la primera reunión, Hernández dijo que estaba interesado en trabajar con el acusado en su «laboratorio de drogas». Hernández afirmó que el acusado no debía“preocuparse por la ley porque el Fiscal General Chinchilla. . . había sido designado para protegerlos en el transporte de las drogas por las diferentes rutas, y que estos transportes contarían con la protección de militares y policías. En una de las reuniones Hernández dijo: (Nosotros) vamos a meter drogas en las narices de los gringos, y ellos ni siquiera lo sabrán,Sánchez testificó además que Hernández le proporcionó al acusado el número de teléfono celular de su hermano, Tony Hernández, quien le daría instrucciones al acusado.
Según los fiscales Leopoldo Crivelli y El Comisionado Martínez protegieron los cargamentos utilizando a policías y militares . Giovanny y Sandres vendieron tres toneladas de cocaína a Juanito Guzmán del cártel de Sinaloa. Además, el acusado conspiró con Jarufe, quien ayudó con el lavado de dinero del acusado a través de Graneros y facilitó las conexiones con funcionarios del gobierno hondureño, incluido Juan Orlando Hernández, para que el acusado traficara cocaína a los Estados Unidos.
El día de hoy el juez Kevin Castel, quien ha estado a cargo de los casos de varios hondureños que han sido acusados en la Corte para el Distrito Sur de New York por delitos de tráfico de drogas, presentó un documento llamado “Opinión y orden” por medio del que estableció los argumentos legales y un resumen de las pruebas presentadas durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, un supuesto empresario que operaba en la zona norte de Honduras, por medio de dichos argumentos el juez negó la solicitud presentada por la defensa de Fuentes el pasado 23 de abril, en la que pedían un nuevo juicio para su cliente, quien fue encontrado culpable de tres delitos de narcotráfico y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para la distribución de cocaína con destino hacia Estados Unidos, dicho juez también estuvo a cargo del caso del narcotraficante y ex diputado por el Partido Nacional de Honduras Juan Antonio Hernández.
El día de hoy la Fiscalía para el Distrito Sur de New York presentó nuevos documentos dentro del caso de Geovanny Fuentes Ramírez, debido a una petición de su defensa, en la que solicitan un nuevo juicio para su cliente por supuestas “inconsistencias” presentadas durante el juicio llevado a cabo en el mes de marzo de 2021, en el que Fuentes fue encontrado culpable de tres delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Dentro de las pruebas presentadas durante el juicio en contra de Roberto David Castillo, ex empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), quien actualmente está siendo juzgado por su supuesta participación en el asesinato de la ambientalista hondureña ganadora del premio Goldman Berta Cáceres, se encuentra el audio de una llamada telefónica entre Jacobo Atala y David Castillo, en la que conversan acerca de la captura de uno de sus empleados llamado Sergio Rodríguez (quien posteriormente fue condenado junto a otras seis personas luego de comprobarse su participación en el complot para asesinar a la líder indígena).
Durante la llamada Atala y Castillo se muestran preocupados por la captura en proceso de Rodríguez y conversan acerca de los motivos y pruebas que el Ministerio Público puede tener contra Rodríguez, minutos después de conocer la información Atala se dirige a Castillo con la frase “Ahora sí nos hundieron del todo”.
Durante la llamada Castillo le comenta Jacobo a Atala que Rodríguez fue informado minutos antes de que miembros de la ATIC llegaran a su casa para efectuar la captura y Atala asegura que “no sabe que hacer ante esa situación”, luego de esto Jacobo Atala plantea la posibilidad de comunicarse con Julián Pacheco Tinoco, actual Ministro de Seguridad para obtener información y al mismo tiempo hacen referencia a Oscar Chinchilla, Fiscal General y a Rigoberto Cuellar, Fiscal Adjunto.
Cabe señalar que no es la primera vez que Tinoco es nombrado en este caso, conversaciones extraídas por medio de vaciados telefónicos durante la investigación revela que, el 7 de marzo de 2016 el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería catalogada como “crimen pasional”.
Cuando una multitud de manifestantes comenzó a congregarse en el sitio de la represa, uno de los ingenieros de la empresa llamado José Manuel Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un comisionado de policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar más oficiales para enfrentarlos. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y también con Pacheco Tinoco.
El día de hoy se difundió una lista preparada y publicada por el Departamento de Estado de EE. UU. a petición de la congresista Torres y en ella se identifica a funcionarios corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras.
El pasado 5 de mayo de 2021, la agencia de noticias Reuters publicó una entrevista realizada a Ricardo Zuniga, enviado especial de Estados Unidos para tratar los temas relacionados con los países del triángulo del norte. En dicha entrevista se le cuestionó a Zuniga sobre la posible inclusión de Juan Orlando Hernández en el listado Engel, que se espera sea publicado a finales del mes de Junio, a lo que Zuniga respondió “No voy a comentar sobre él, debido al compromiso del Departamento de Justicia en su caso».
El pasado viernes 7 de mayo de 2021, el juez Paul G. Gardephe quien es el encargado del caso contra el ex diputado por el Partido Liberal de Honduras, Fredy Nájera Montoya re programó la audiencia en la que se fijará la sentencia de Najera para que se lleve a cabo el próximo 11 de junio de 2021, esto tras una petición de la defensa.
El día de hoy se llevó a cabo la audiencia para fijar la sentencia del ex policía Ludwig Criss Zelaya, acusado por delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos. Durante dicha audiencia la jueza Lorna G. Schofield determinó la pena de 144 meses de cárcel (12 años) para Criss Zelaya, quien trabajó brindando colaboración a miembros del cartel de los Cachiros en sus actividades criminales, incluidos múltiples asesinatos entre los que se encuentra el del periodista Aníbal Barrow.
Un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción absolvió este miércoles de varios delito a Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El día de hoy la Fiscalía para el Distrito Sur de New York presentó un memorándum previo a la sentencia del ex policía Ludwig Criss Zelaya, quien participó en una conspiración de narcotráfico junto a Fabio Lobo, Juan Avila Meza y miembros del Cártel los Cachiros.
Schakowsky, Johnson, Castro, García, Kaptur, y Omar presentan legislación para combatir la corrupción desenfrenada y los abusos a los derechos humanos en Honduras
WASHINGTON – Hoy, la Congresista Jan Schakowsky junto con cinco co-líderes, los Representantes Hank Johnson (GA-04), Joaquin Castro (TX-20), Jesus «Chuy» García (IL-04), Marcy Kaptur (OH-09), y Ilhan Omar (MN-05) encabezaron un grupo de 21 legisladores quienes introdujeron legislación en la Cámara de Representantes, complementaria a la Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 del Senador Merkley. Esta legislación crucial es idéntica a la versión en el Senado, y presenta un marco integral para combatir la corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos en Honduras. Se construye sobre la base solida de la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras.
A continuación les compartimos la opinión y orden del Juez para el Distrito Sur en New York, JOHN G. KOELTL sobre el ex convicto y lavador de activos del narcotrafico, Yani Rosenthal.
JOHN G. KOELTL, Juez de Distrito: 13-cr-413-2 (JGK)
El día de hoy se realizará una nueva audiencia dentro del caso de Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Orlando Hernández quien fue acusado en la Corte Para el Distrito Sur de New York por tres cargos relacionados con el tráfico de drogas y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Torres se enfoca en ayudar a los centroamericanos antes de los últimos esfuerzos para combatir la corrupción
La congresista Norma J. Torres (CA-35), copresidenta del Caucus del Congreso de Centroamérica, emitió hoy la siguiente declaración después de que sus esfuerzos para abordar la corrupción en el Triángulo Norte resulto en ataques en Twitter por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus facilitadores.
I stand by the Central American people dreaming of democratic governments free of corrupt officials. Read my full statement here: https://t.co/Tbw5wullqa
La situación viene días antes de que se entregue una lista solicitada por la congresista Torres del Departamento de Estado y el Tesoro de los EE. UU. para el Congreso que identifique a los actores corruptos en la región y cualquier esfuerzo que el gobierno de EEUU. haya tomado para responsabilizarlos.
La congresista Torres quien nació en Guatemala y actualmente es el única centroamericana que sirve en el Congreso de los Estados Unidos, emitió la siguiente declaración:
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso anticipado de propuesta de reglamentación (ANPRM) para solicitar comentarios del público sobre una amplia gama de preguntas relacionadas con la implementación de las disposiciones sobre información de beneficiarios reales de la Ley de transparencia corporativa (CTA) .
El CTA modificó la Ley de Secreto Bancario para exigir a las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y entidades similares que reporten cierta información sobre sus propietarios beneficiosos (las personas físicas individuales que en última instancia poseen o controlan las empresas).
El gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández contrató a un poderoso bufete de abogados en Washington para presionar a los fiscales estadounidenses para que cancelaran una investigación de “narcotráfico patrocinada por el estado” de su hermano, quien fue sentenciado esta semana por contrabandear 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
En redes sociales circula información falsa acerca de un nuevo movimientos dentro del caso de Juan Carlos Bonilla alias “El tigre”. Hay que aclarar que Bonilla fue acusado de manera formal por el Departamento de Justicia de Estados Unido el pasado 30 de abril de 2020, dicha acusación figura en documentos oficiales de la Corte para el Distrito Sur de New York y en ellos se exponen los tres cargos que actualmente enfrenta, uno por conspirar para transportar drogas hacia EEUU. y dos por el uso y portación de ametrallado ras y dispositivos destructivos utilizados para traficar drogas.
Luego de sentencia de Tony el 31 de marzo de 2021.
“La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentarte a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país”, dijo la jefa de #DEA Wendy Woolcock
El excongresista hondureño Tony Hernández sentenciado a cadena perpetua y condenado a perder $ 138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas
A un día para que se realice la lectura de sentencia de Juan Antonio Hernández, la Fiscalía para el Distrito Sur de New York a ordenado la confiscación de todos los bienes de Tony que fueron obtenidos y/o usados para cometer los cuatro delitos de los que fue encontrado culpable el pasado 18 de octubre de 2019. Está orden será incluida en la sentencia de Hernández y dichas propiedades según la investigación realizada por los fiscales, asciende a un valor aproximado de $138.5 millones de dólares.
Entre los documentos presentados por la defensa de Juan Antonio Hernández, encabezada por el abogado defensor Peter E. Brill en los que solicitan la condena mínima obligatoria de cuarenta años, se encuentran diplomas de cursos bíblicos recibidos por Tony Hernández durante en el Centro Correccional Metropolitano ubicado en la ciudad de Manhattan, New York y un diploma obtenido en un seminario de 12 sesiones sobre manejo de la ira.
María Elvira Alvarado (viuda) de Hernández extiende respetuosamente sus saludos desde Gracias, Lempira, Honduras; Soy la madre de Juan Antonio Hernández Alvarado.
Estoy orando a nuestro señor Jesucristo para que usted sea iluminado con la luz divina y justo porque en sus manos esta el caso que sea considerado mi hijo es inocente. Escuché sus palabras para el jurado y sentí que usted es un hombre justo, Dios le de sabiduría.
Este día la defensa de Tony Hernández solicitó al juez Kevin Castell, la sentencia mínima obligatoria de 40 años de cárcel, señalando que es posible que Hernández Alvarado nunca salga de prisión y el abogado Peter E. Brill se dirigió al juez pidiendo que ejerza el mayor grado de misericordia e indulgencia al condenar a Tony.
El 19 de septiembre del año 2013 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Devis Leonel Rivera Maradiaga como uno de los principales líderes del cartel de los Cachiros y a su hermano Javier Rivera Maradiaga y a varios miembros de esta familia como parte de la estructura criminal, en este informe también se incluyeron cinco empresas que según el departamento del tesoro fueron utilizadas para promover las actividades de tráfico de drogas de la organización y lavar las ganancias ilícitas.
Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra GEOVANNY FUENTES RAMIREZ («FUENTES RAMIREZ») en los tres cargos de la acusación, que incluían cargos de importación de cocaína y armas. . Está previsto que FUENTES RAMIREZ sea sentenciado por el Honorable P. Kevin Castel el 22 de junio de 2021.
Estos son los co-conspiradores que la Fiscalía para el Distrito Sur de New York mencionó durante el juicio contra Geovanny Fuentes, declarado culpable de los tres delitos de los que se le acusó en EEUU.
Parte de las pruebas presentadas hoy por la Fiscalía durante el juicio contra Geovanny Fuentes muestras, registros de ubicación obtenidos del teléfono de Fuentes muestras fechas y horas en que visitó la Casa Presidencial de Honduras.
Lugar donde se encuentra la oficina de Juan Orlando Hernández señalado como CC-4 dentro del caso del acusado y con quien se liga en la producción de cocaína en el narco laboratorio ubicado en Cerro Negro en la ciudad de Choloma.
Luego de la filtración de audios en Honduras obtenidos durante el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el Juez Kevin Castel se pronuncia y ordena que no se realice ningún grabación de ningún tipo y estipula que compartir material proveniente de la Corte incurre en delito e incluso se puede considerar como obstrucción a la justicia: Se realizará una investigación sobre lo sucedido.
El segundo día del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez inicio con los discursos de apertura por parte de la Fiscalía y la defensa. Ambas partes mencionaron en más de una ocasión al actual representante del Poder Ejecutivo de Honduras como pieza clave para el desarrollo de este juicio que se espera dure entre 8 a 10 días.
El primer día del juicio de Geovanny Fuentes Ramírez inicio con una corta discusión entre la fiscalía, la defensa y el juez Kevin Castel, en la que se discutió una investigación que la Corte realizará luego de supuestas amenazas emitidas por uno de los hijos de Fuentes en contra de la esposa de uno de los testigos que la Fiscalía presentará a que testifique durante el desarrollo del juicio. De comprobarse la existencia de dichas amenazas, Geovanny Fuentes estaría enfrentando un nuevo cargo por obstrucción a la justicia.
Este jueves ha trascendido el asesinato en la colonia Alameda del juez y abogado defensor de Juan Antonio Hernández.
Según versiones preliminares, sujetos que se transportaban en motocicletas sin placa, dispararon en dirección al vehículo tipo pick-up rojo, mismo en el que se transportaba el abogado.
A pocos días para que inicie el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, la fiscalía para el Distrito Sur de New York solicitó la admisión de nuevas pruebas que involucran a Juan Orlando HernÁndez con el tráfico de drogas, estas pruebas fueron obtenidas entre el 25 de enero y el 16 de febrero de 2021, luego de accesar a las cuentas electrónicas pertenecientes a (CC-14), por medio de una orden de registro a sus cuentas de iCloud, Instagram, Facebook y Apple, mediante el acceso a estas cuentas la fiscalía obtuvo lo siguiente:
El día de hoy Casa Presidencial difundió parte del Reporte Internacional sobre la Estrategia para el control de drogas publicado por el Departamento de Estado de EEUU. Dicho reporte corresponde al periodo 2020, mientras Donald Trump aún fungía como presidente del país norteamericano.
Un grupo de influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos , y cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades criminales.
Nuevos documentos dentro del caso de Geovanny Fuentes Ramirez, presunto narcotraficante que está a la espera de su juicio, revelan que el comisionado Ramón Martinez Hernández figura entre sus contactos dentro de Policías Nacional de Honduras. La Fiscalía pretende presentar durante el juicio de Ramirez, conversaciones de WhatsApp extraídas de su teléfono decomisado al momento de su captura, en las que intercambia comunicación con Martinez y otro supuesto militar llamado Ramon Zuniga alias «Comanche». En dichas conversaciones Geovanny Fuentes habla, entre otros temas, acerca de los asesinatos llevados a cabo en Honduras luego del juicio de Tony, la estrategias para saber si sus teléfonos estaban intervenidos y para eliminar información de los mismos y la intención de Juan Orlando Hernández de eliminar a posibles testigos y amenazas.
En una reciente entrevista brindada a diario El Heraldo, Yani Rosenthal Hidalgo se refirió a varios temas relacionados con su participación como pre-candidato presidencial por el Partido Liberal, en las elecciones internas que se llevarán a cabo en el mes de marzo y sobre su estadía en una cárcel federal en EEUU, luego de declararse culpable por un delito de lavado de activos.
El partido que ha gobernado Honduras desde 2010 se ha convertido en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos.
El día de hoy se llevó a cabo una audiencia dentro del caso de Geovanny Fuentes Ramírez, para discutir los argumentos presentados por la Fiscalía para el Distrito Sur de New York en los últimos documentos In Limite, en los que se involucra a Juan Orlando Hernández(CC-4) con el tráfico drogas.
El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, informó que la Administración de Joe Biden inició el proceso para concluir el plan ‘Tercer país seguro’ con esos tres países de Centroamérica. Este acuerdo migratorio limitaba la llegada de migrantes con intenciones de pedir asilo. Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya fueron notificados sobre la suspensión.
Joaquín Pérez abogado defensor del ex-diputado liberal Fredy Nájera solicitó el día de ayer una nueva prórroga de cuarenta días, para que se lleve a cabo la lectura de sentencia de su cliente, argumentando que el departamento de probatoria no ha recibido la documentación necesaria previo a la sentencia programada para el tres de septiembre en la Corte para el Distrito Sur de New York.
