¿Qué hay detrás del robo de fusiles de las oficinas de la DLCN Y cómo se relaciona Soraya Calix?

De izquierda a derecha: Héctor López, Soraya Calix, Fernando Lara

Washington DC, 1 de agosto de 2022.

Información exclusiva obtenida por el equipo de Pro Honduras Network el pasado 22 de julio reveló, que días antes de la masacre en la que fallecieron cuatro jóvenes, incluido Said Lobo, el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fueron extraídos de las bodegas del Departamento de Seguridad de Operaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotrafico nueve fusiles de asalto entre los que se encuentran AR15, Galil, Beretta y Scorpion, luego del hecho el Ministerio Público por medio de un comunicado se pronunció, argumentando que la captura del detective Fernando Lara, no tiene relación con el hecho en el que perdieron la vida los jóvenes en Torre Morazán.

Comunicado del MP

Luego del comunicado del Ministerio Público la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva se pronunció en su cuenta de twitter, señalando que la investigación del robo de las armas debería estar a cargo de la DPI, a pesar de esto la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico es la que está a cargo de dicha investigación y fuentes denuncian que Héctor López, quien está a cargo de la unidad de comunicaciones tiene un vínculo cercano con Fernando Lara y Soraya Calix

Tal como lo señala el comunicado, el pasado jueves 28 de julio el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal y orden de captura contra Fernando Lara, detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), acusándolo por los delitos de hurto continuado de evidencias que estaban a cargo de la custodia de Héctor López y también cargos por tráfico de armas y asociación para delinquir, ya que luego de investigaciones se comprobó que participó en la sustracción de los nueve fusiles que días atrás se “extraviaron” de las bodegas del Ministerio Público.

Por su parte Soraya Calix, quien continúa al frente de la DLCN a pesar de tener conocimiento del robo de estas armas, tardó en informar a sus superiores sobre el hecho, y en su lugar ordenó la revisión de los dispositivos electrónicos propiedad de los agentes a su cargo sin la orden de un juez, saltándose de esta manera los protocolos legales estipulados para este tipo de casos.

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