Pro-Honduras Network

Washington DC, 20 de agosto de 2021.

Durante el proceso judicial contra Tony Hernández hermano de Juan Orlando Hernández, la fiscalía de New York desclasificó en el mes mayo y de agosto del 2019 documentos que involucra directamente a varios miembros del gobierno de Hernández en la conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, entre ellos se encuentran el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández encabezando la lista de los co-conspiradores.

Sobre el tema de los co-conspiradores, el pasado 30 de marzo del 2021 durante la lectura de sentencia de Juan Antonio Hernández el fiscal Matthew Laroche dijo lo siguiente:

“También es importante decir que muchos de los co-conspiradores del acusado han sido señalados públicamente y permanecen en Honduras y no les pasa nada. Se han enviado solicitudes de extradición y no han sido atendidas en cuanto a varias personas que hemos identificado en nuestra sentencia de sumisión”

En Honduras el tema sobre las órdenes de extradición a las que se refiere el fiscal Laroche se ha manejado de forma totalmente hermética, y hasta el momento son públicas únicamente las órdenes de extradición pendientes contra Juan Carlos Bonilla alias “El tigre”, Arnaldo Urbina Soto (ex alcalde de Yoro, Yoro) junto a dos de sus hermanos quienes también fueron solicitados por la justicia estadounidense y Mario José Calix (ex vice alcalde de Gracias, Lempira).

Es importante recordar que esta no es la primera ocasión en la que los fiscales se refieren a la nula cooperación de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) y de los entes encargados de impartir justicia en el país, quienes según palabras de los mismos fiscales, no han brindado apoyo para el desarrollo de los procesos judiciales contra narcotraficantes hondureños que actualmente se llevan en el Distrito Sur de New York., muestra de ello son los documentos publicados por la fiscalía el pasado 5 de febrero de 2021, en los que señalan que la investigación criminal contra Geovanny Fuentes Ramírez ha establecido que “la corrupción en Honduras es endémica y dado el objetivo establecido, la asistencia del gobierno hondureño en apoyo de estos enjuiciamientos en curso apenas se ha recibido. Por ejemplo, el gobierno hondureño ha proporcionado solo registros limitados en respuesta a una solicitud de tratado de evidencia relacionada con Tony Hernández, y no ha cumplido solicitudes de extradición relacionadas con otros co-conspiradores acusados, y posibles testigos contra el acusado y CC-4”

¿De quienes podrían ser las órdenes de extradición a las que se refiere la fiscalía?

Para responder a esta pregunta debemos señalar que dentro de los casos judiciales que se llevan a cabo en Estados Unidos, además de proceder contra el acusado, se incluyen dentro del caso una lista de los co-conspiradores quienes según investigaciones de la fiscalía contribuyeron a los crímenes cometidos por la persona que es juzgada.

Documentos federales del Departamento de Justicia de EEUU. establecen la Responsabilidad por actos y declaraciones de Los co-conspiradores, que estipula que “cuando las personas participan en una conspiración para lograr un fin ilegal, se convierten en agentes o socios entre sí para llevar a cabo la conspiración. En consecuencia, los actos o declaraciones razonablemente previsibles de cualquier miembro de la conspiración, cometidos para promover el propósito común de la conspiración, se consideran conforme a la ley como los actos o declaraciones de todos los miembros de la conspiración, y todos los miembros de la conspiración son responsables de tales actos o declaraciones”. Por lo tanto, una vez que mediante un juicio se demuestra la culpabilidad de un acusado, la fiscalía tiene elementos suficientes para solicitar la extradición de cualquiera de los co-conspiradores que fueron incluidos dentro del caso.

Ejemplo de ello es el caso de Tony Hernández, una vez que fue vencido en juicio la fiscalía acusó de manera formal a Mauricio Hernández Pineda (CC-6) y a Juan Carlos Bonilla (CC-7), el resto de co-conspiradores son Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández y el actual ministro de energía Roberto Ordoñez, quienes han sido señalados como altos oficiales en la conspiración de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, otros políticos y funcionarios que también fueron nombrados por su participación en las actividades delictivas de Tony son, el actual diputado por el departamento de Lempira, Juan Carlos Valenzuela, el ex Vice alcalde de Gracias Lempira, Mario José Cálix, el ex alcalde de Yoro, Yoro Arnaldo Urbina (quien tiene vigente una orden de extradición), el diputado por el departamento de Cortés, Reynaldo Ekonomo, el diputado por el departamento de Colón Óscar Nájera, la ex diputada por el departamento de Atlantida, Carmen Rivera, Hernán Hernández primo de Juan Orlando Hernández, el ex director del Fondo Vial de Honduras, Hugo Ardón, la directora de la agencia de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras, Soraya Cálix (prima del extraditable Mario José Cálix).

Otro caso de alto impacto cuyo juicio se llevó a cabo en el mes de marzo de este año es el de Geovanny Fuentes, catalogado como socio de Juan Orlando Hernández y Juan Antonio Hernández, Fuentes fue vencido en juicio y actualmente está a la espera de su sentencia, la que podría llegar a ser incluso de cadena perpetua. Dentro de este caso la fiscalía incluyó a catorce co-conspiradores, CC-2: Pepe Lobo, CC-3: Ramón Aldaberto Martínez Hernández, CC-4: Juan Orlando Hernández, CC-5 Mario Mejía Vargas (policia enjuiciado en New York) CC-9: Leonel Sauceda, CC-10: Ex magistrado Julio Cesar Barahona, CC-13: Rolando Ponce Fonseca, Ex jefe de las FFAA, CC-14: Geovanny Gutiérrez (hijo de Fuentes).

La negativa de la justicia hondureña a las extradiciones

Documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que la fiscalía para el Distrito Sur de New York ha enviado múltiples ordenes de extradición, para varios de los co-conspiradores señalados dentro del caso de Juan Antonio Hernández y de otros casos que actualmente se investigan en ese distrito. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, al ser consultado sobre la no investigación en Honduras hacia Juan Antonio ´Tony´ Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, dijo que, “contra este ciudadano se llevó a cabo un procedimiento de privación de dominio”.

Argueta se refirió en Radio América sobre el tema señalando lo siguiente, “recordemos que en este caso como en cualquiera de los otros, muchas veces puede surgir el levantamiento de una investigación de carácter oficial como el Ministerio Publico, por ejemplo, de manera inmediata porque se tiene información de sospecha de la presunta participación, algunas otras veces no lo sé en este caso, el levantamiento de un expediente investigativo puede suceder con posterioridad. No sería este caso el primero”. También explicó que Honduras tiene el deber de levantar los expedientes de investigación contra las personas que han sido solicitadas en extradición por Estados Unidos.

Es importante señalar que en Honduras hasta el momento no se ha procedido contra ninguno de los co-conspiradores mencionados por la fiscalía, en lugar de ello, luego de la culminación del juicio de Juan Antonio Hernández se dieron una serie de hechos violentos que culminaron con el asesinato en una cárcel de máxima seguridad de Nery López Sanabria también conocido como Magdaleno Meza, Sanbria fue visitado en la cárcel días antes de su asesinato por Amilcar Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández y por un investigador privado llamado Chase Lalani quien curiosamente sirvió como testigo de Óscar Nájera, presentando supuestos documentos que lo absolvían de sus vínculos con el narcotrafico y la corrupción en Honduras.

Por su parte el gobierno de Juan Orlando Hernández ha hecho lo posible por entorpecer los procesos de investigación que se llevan a cabo en el Distrito Sur de New York, llegando incluso a intentar obstruir la justicia dentro del caso de Juan Antonio Hernández, contratando una prestigiosa firma de abogados con sede en Washington DC, llamada Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. a la que el gobierno de Honduras le pagó $475,000 bajo la categoría de cabildeo extranjero, esta firma posteriormente contactó en representación del gobierno hondureño a los fiscales, intentando influir con amenazas de rupturas diplomáticas entre ambos países y la expulsión de la base militar de Palmerola.

Sobre este tema en el documento memorándum Submission presentados por la fiscalía antes de la lectura de sentencia de Tony dice lo siguiente :

“El gobierno de Honduras contrató a la Firma-1 para intentar presionar al equipo de la fiscalía para que restringiera la presentación de pruebas en el juicio. La evidencia del juicio estableció que el hermano del acusado es el actual presidente de Honduras es un cómplice clave.Un candidato para las elecciones hondureñas de 2021 ( Yani Rosenthal) se declaró anteriormente culpable en los Estados Unidos de lavar las ganancias de las drogas para los Cachiros y fue designado por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos.United States v. Rosenthal, No. 13 Cr. 413 (JGK); La necesidad de una disuasión general se ve subrayada por el hecho de que la conspiración ha continuado funcionando, incluso a través de la violencia posterior al juicio contra posibles testigos y otras personas con los asesinatos de López Sanabria, Armas, Pinto y Lozano. De hecho, la promesa previa del acusado de protección contra la extradición parece cumplir con ciertos presuntos co-conspiradores,Mario José Calix, Arnaldo Urbina Soto y Juan Carlos Valladares Bonilla ( alias el “Tigre”) .

“Además, algunos de los co-conspiradores del acusado —incluido, en particular, su hermano— permanecen en Honduras, y hasta ahora han evitado la culpabilidad por sus propios delitos. Estos co-conspiradores podrían facilitar que el acusado vuelva a la delincuencia en caso de que salga de la cárcel. La disuasión general es aún más importante. Es comprensible que la audacia de los crímenes del acusado haya captado la atención del público en los Estados Unidos, Honduras y otras partes de América del Sur y Centro America. La sentencia de la Corte enviará un mensaje al público hondureño de que la justicia estadounidense no tolerará una conducta tan abominable”

Todos estos elementos nos dejan claro que la categoría de narco estado que ha recibido Honduras en los diferentes juicios que se llevan en el Distrito Sur de New York tiene un fundamento sólido, ya que la misma institucionalidad que debería actuar contra el crimen organizado y el narcotráfico hoy es cómplice y encubridor de los criminales, obstaculizando procesos de extradición, promoviendo la impunidad y negándose a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, engranando las piezas para que el país continúe siendo un paraíso para los narco políticos que hoy se encuentran al frente del país, con ministros, diputados, alcaldes, jueces, policías, militares e incluso la Fiscalía General a su servicio.