La defensa de Juan Antonio Hernández pidió el pasado 10 de mayo al Juez Kevin Castel, suprimir las declaraciones hechas por el acusado tras su captura el 23 de noviembre del 2018, en las que asegura conocer personas de cárteles de narcotráfico en Honduras y estar presente en reuniones con ellos, carteles como los cachiros y los valle, además de señalar nombres de personas que involucra en el tráfico de drogas, incluidos diputados del Partido Nacional.
Dentro de sus declaraciones acepta haber recibido regalos de personas involucradas en el tráfico de drogas, y que si bien, tenía amistad con algunos de ellos, el jamás participó de manera DIRECTA en el tráfico de drogas.
En su declaración se presentan varias inconsistencias que ponen en problemas a Tony, por lo que su defensa amparándose en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos pretenden suprimir dicho testimonio de las pruebas que posee la fiscalía en contra de Tony.
Cabe señalar que dentro de las declaraciones, las que están grabadas en video, se deja claro que a Tony se le leyeron sus derechos y antes de iniciar con el interrogatorio le hicieron firmar documentos afirmando que sin ninguna presión y en conocimiento de su derecho a permanecer callado sin presencia de un abogado el por su propia decisión accedía a brindar información.
A continuación parte de la traducción del documento: Estimado juez Castel:Solicitamos respetuosamente que la Corte introduzca una orden para suprimir la declaración posterior a la detención de Juan Antonio Hernández-Alvarado («Hernández») por los motivos que se detallan a continuación.
Moción para suprimir la declaración posterior al arresto
El gobierno entrevistó a Hernández dos veces: primero, en un agente sin custodia de 2016 en presencia de su abogado; y segundo, después de su arresto en noviembre de 2018, tras una exención de Miranda. La declaración de 2018 debe suprimirse porque se tomó en violación de la regla de «no contacto» y la Sexta Enmienda.
VISIÓN GENERAL
Este arresto fue planeado, no reactivo. Hernández había sido un blanco de este equipo de procesamiento desde al menos 2016. Los agentes de la DEA sabían que Hernández había ingresado a los Estados Unidos desde Honduras el 19 de noviembre de 2018 con un boleto de devolución para el 23 de noviembre. El gran jurado lo acusó el 21 de noviembre y el La DEA se estableció en el Aeropuerto Internacional de Miami para arrestarlo dos días después de camino a casa.Al mismo tiempo, la DEA y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos sabían muy bien que Hernández tenía un abogado en esta misma investigación, a saber, Manuel Retureta, Esq. De hecho, en octubre de 2016, el agente principal de la DEA y el fiscal principal en este asunto se coordinaron personalmente con Retureta para llevar a cabo una entrevista voluntaria, sin custodia, no inmunizada de Hernández, con su abogado Retureta a su lado.
El abogado Retureta, el agente principal de la DEA y el fiscal principal recibieron numerosas comunicaciones por teléfono, correo electrónico y mensaje de texto antes de la reunión para organizarla. El fiscal principal voló personalmente a Miami para participar en la sesión de profer, a la que también asistió el agente principal de la DEA. Simplemente no hay duda de que el 23 de noviembre, la fiscalía y los agentes de arresto sabían que Hernández era una parte representada.
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