El día de ayer la defensa de Ludwing Criss Zelaya Romero, uno de los policías que fue acusado por narcotráfico y trafico de armas dentro del caso de Fabio Lobo, presentó un documento previo a la audiencia para su sentencia programada para el 26 de septiembre de 2019.
El ex policía Romero se declaró culpable de los tres cargos que se le acusan, entre los que se encuentran; (1) Conspiración para Importar Cocaína a los EE.UU (2) Fabricar y Distribuir Cocaína y el (3) Uso y Transporte de un Arma de Fuego Durante y en Relación con una Conspiración de Estupefacientes. Actualmente espera recibir su sentencia, pero previo a la fecha, la defensa se refirió a las circunstancias que contribuyeron a que Romero decidiera participar en el narcotráfico y trafico de armas en Honduras.
La defensa menciona que Romero era un engranaje fácilmente prescindible en la máquina de un gobierno hondureño en gran medida corrupto. Aunque Zelaya-Romero es considerado un “administrador o supervisor” a los efectos de su cálculo de las Directrices, poseía poco poder o autoridad de toma de decisiones dentro de la conspiración más grande, que alcanzó los más altos niveles del gobierno hondureño
Además, afirman que en ocasiones los Cachiros trabajaban esencialmente con el gobierno hondureño para facilitar sus operaciones de narcotráfico, en lo que el PSR denomina “patrocinado por el Estado: narcotráfico”. Los Cachiros tuvieron relaciones con el ex presidente de Honduras, Pepe Lobo, su hijo, Fabio Porfirio Lobo (coacusado de Zelaya a quien el Tribunal condenó a 288 meses de prisión), y otros políticos y funcionarios del gobierno de alto rango.
Dentro del documento también se refieren a la detención de Juan Antonio Hernández Alvarado y el señalamiento de la Fiscalía del Distrito Sur de New York en el que incluyen a Juan Orlando Hernández como co-conspirador en el transporte de cocaína hacia Estados Unidos.
La defensa argumenta que “En el momento en que comenzó la conspiración acusada, Zelaya-Romero tenía 22 años y era un oficial de policía de bajo nivel que había crecido en la pobreza, que se involucró en una organización gubernamental corrupta ya existente. La corrupción era tan endémica, que para los oficiales jóvenes como Zelaya-Romero, no quedaba más opción que estar “adentro” o estar “fuera” y que en el caso de optar por estar “fuera” de las acciones criminales, era probable que lo asesinaran. Si Zelaya-Romero rechazara sus órdenes, o si denunciaba a sus superiores, se habría puesto a sí mismo y a su familia en riesgo de ser asesinado”
Al igual que en el caso de Juan Antonio Hernández, la defensa de Ludwing Romero quiere mostrar dentro de su argumentación que el Gobierno Hondureño ha estado fuertemente involucrado en las actividades de trafico de drogas, lo que ha contribuido a que existan colusión desde miembros de la Policía Nacional hasta Presidentes en turno.
Cabe recordar que este ha sido uno de los principales argumentos presentados por la Fiscalía para la Corte del Distrito Sur de New York dentro del caso de Tony Hernández, en el que pretenden demostrar como la corrupción en las diferentes instituciones del Gobierno Hondureño ha sido el principal eslabón para que fomentar la importación de cocaína hacia Estados Unidos.
Investigación de Pro Honduras Network.