
Juan Antonio Hernández fue nombrado por los fiscales que llevan el caso de Juan Manuel Ávila Meza, para comprobar los nexos de Meza con el trafico de drogas, mencionando que Ávila Meza es uno de los seis miembros de la Policía Nacional de Honduras condenados por delitos de narcotráfico y que, como miembro de los Cachiros, participó en reuniones sobre objetivos criminales con familiares inmediatos de los dos últimos presidentes de Honduras dentro de un período de seis meses entre febrero y junio de 2014.
Además, en el extenso documento se menciona que Ávila Meza fue la persona encargada de organizar la reunión llevada a cabo el 2013, entre Devis Leonel Maradiaga y Juan Antonio Hernández, asegurando que, a partir de finales de 2013, la Administración antidrogas (“DEA”) confió en la asistencia de los líderes de los Cachiros -Javier Rivera Maradiaga (“Javier”) y Devis Leonel Rivera Maradiaga (“Leonel”) para atacar, entre otros, al acusado y a otros funcionarios hondureños corruptos, respecto a Ávila Meza, la investigación de la DEA muestra la existencia de dos reuniones en las que el acusado participo. Primero, en febrero de 2014, la fiscalía asegura que el acusado ayudó a establecer una reunión entre Leonel y Juan Antonio Hernández Alvarado, refiriéndose a Hernández como “otro gran narcotraficante que es hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández” además, la fiscalía asegura que la reunión se llevo a cabo con el fin de “discutir transacciones de lavado de dinero entre una empresa líder de Cachiros y el gobierno hondureño”, Leonel grabó la reunión bajo la dirección de la DEA
En segundo lugar, en junio de 2014, Avila Meza se reunió con otros seis miembros de la Policía Nacional hondureña, Fabio Lobo, el ahora condenado hijo del presidente hondureño que precedió a Hernández, y dos fuentes confidenciales de la DEA (las “Fuentes”) que pretenden ser miembros del Cártel de Sinaloa. Las Fuentes registraron la reunión, durante la cual el acusado encabezó una discusión sobre la mejor manera de confiar en la Policía Nacional para asegurar un paso seguro para un gran envío de cocaína
El documento también afirma que Avila Meza y Ramírez crearon “una empresa ‘frontal’ que utilizaron para “recuperar” 21 millones de Lempira “adeudada por el gobierno hondureño” a los Cachiros, ya que el gobiernono habría pagado estos fondos a los Cachiros o INRIMAR directamente, la fiscalía menciona que “El problema era que el INRIMAR había sido congelado en virtud de las sanciones de la OFAC, y que se necesitaba una nueva entidad” para efectuar el pago.
En el documento se adjunta una fotografía de Ávila Meza y Juan Antonio Hernández, esto con el fin de comprobar el poder de Ávila para programar la reunión y sus vínculos con dos narcotraficantes de gran escala, refiriéndose a Devis Leonel Rivera Maradiaga y Tony Hernández.
Investigación de Pro Honduras Network